De acuerdo con la política de cero tolerancia a la corrupción que aplica el gobierno de Naucalpan, un elemento de tránsito fue dado de baja, luego de que un automovilista denunció que le exigió mil pesos por no contar con holograma de verificación vehicular.
La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura informó que a través de una llamada al 911 se recibió el reporte sobre un elemento de tránsito que, en compañía de otro sujeto que no ha sido identificado, solicitó la cantidad de mil pesos a un conductor de un vehículo Jeep Compass 2018, que circulaba sobre avenida Río San Joaquín a la altura de Ingenieros Militares.
El automovilista explicó que luego de solicitarle esa cantidad por no contar con verificación de contaminantes, el uniformado le indicó que el dinero debía ser transferido a un número de cuenta a nombre de una mujer.
Por tal motivo, personal de la dependencia municipal hizo contacto vía telefónica con el denunciante, a quien se le pidió la descripción de los sujetos que lo intentaron extorsionar y se le envió vía WhatsApp fotografías del personal de tránsito que se encontraban de servicio en el lugar donde ocurrieron los hechos, reconociendo sin temor a equivocarse al elemento que le pidió el dinero.
Asimismo, se le brindó asesoría a la víctima para que iniciara su denuncia correspondiente en línea por el delito de extorsión en grado de tentativa en contra del elemento de la Subdirección de Movilidad Segura Roberto Enrique ‘N’.
En enero se instruyó al personal de la subdirección de abstenerse a detener vehículos por concepto de infracciones de tránsito, toda vez de que en Naucalpan desde diciembre del 2021 se encuentran suspendidas las infracciones.
Por no acatar las instrucciones giradas y tener conocimiento de la posible comisión de un delito, se le pidió la renuncia al agente antes mencionado, la cual firmó el 22 de febrero, además de que el caso fue turnado a la Comisión de Honor y Justicia, instancia competente para investigar estos casos.
El gobierno de Naucalpan que encabeza la alcaldesa Angélica Moya Marín ha sido sensible a la demanda ciudadana para acabar con la corrupción en la corporación de seguridad, por lo que hasta el momento se han dado de baja alrededor de 100 elementos vinculados a actos de extorsión.