Mariela Gutiérrez Escalante, alcaldesa de Tecámac, inauguró la Procuraduría de las Personas Adultas Mayores, con el propósito de brindar atención a los casos de violencia, abandono y maltrato hacia este grupo de la población. Según informó, en lo que va del año se han registrado 126 víctimas, lo que equivale a una cada tres días.La alcaldesa expresó su tristeza ante la situación de abandono y maltrato que sufren los adultos mayores en Tecámac. Detalló que de las 126 personas afectadas, 100 son mujeres y 26 son hombres, lo que representa un promedio de 15 casos al mes. Por esta razón, resaltó la importancia de contar con un departamento especializado en este tema.En el marco del Día del Abuelo, que se celebró en el albergue temporal «Ikram Antaki», donde se atiende a aproximadamente 30 personas, la alcaldesa explicó que desde el inicio de su mandato se estableció este centro de atención debido a la necesidad urgente de brindar apoyo a los adultos mayores ante la indiferencia de sus familiares.«En estas instalaciones del DIF municipal es donde siento que mi labor como líder adquiere mayor sentido», afirmó la alcaldesa, anunciando también el inicio de una campaña notarial durante todo el mes de septiembre, con el fin de ayudar a los adultos mayores que deseen redactar su testamento, así como la tramitación gratuita de actas de nacimiento o divorcio a cargo de la Oficialía del Registro Civil.En presencia de la presidenta del DIF, Isabel Muñoz, el director Carlos Galindo, el notario 117 Miguel Ángel Ibañez Camacho y la oficial del Registro Civil, Fabiola Godínez Rodríguez, se informó que los adultos mayores recibirán una canasta alimentaria cada mes y contarán con visitas médicas a domicilio para garantizar su bienestar.Por su parte, Galindo mencionó que este albergue forma parte de la política justa y humanista de la alcaldesa, al igual que el centro de atención para menores, destacando la importancia de la nueva Procuraduría.Asimismo, se informó que la Procuraduría tendrá su sede en este albergue y estará compuesta por un equipo interdisciplinario, conformado por un abogado, psicólogo y trabajador social, que se encargará de atender de manera específica los casos de maltrato o abandono hacia las personas de la tercera edad.