Durante los seis años de gobierno y para responder al compromiso con los más necesitados, se construyó una red de programas sociales que, por sus resultados es referente nacional, así se configuró la estrategia “Familias Fuertes”, que respaldó a más de 7 millones de beneficiarios, de los cuales seis de cada 10 son mujeres.
Esta estrategia se consolidó como una política social basada en un modelo que privilegió el desarrollo humano y el respeto de los derechos sociales y que colocó en el centro de las decisiones a las familias y como pilar de estas a las mujeres; promoviendo la corresponsabilidad en el mejoramiento de la calidad de vida.
De acuerdo con el análisis de la medición de la pobreza realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre 2020 y 2022, la población en pobreza en el Estado de México pasó de 8 millones 342 mil a 7 millones 427 mil, lo que representó una reducción de más de 915 mil 300 personas, equivalente al total conjunto de 12 entidades.
Esto implicó que aproximadamente una de cada 10 personas que superaron la pobreza en el país pertenecía al Estado de México, además, la pobreza entre los mexiquenses se redujo en seis puntos porcentuales, pasando de 48.9 a 42.9 por ciento, lo que le permitió superar a entidades como Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas.
El Salario rosa, programa social de nueva generación, benefició a 700 mil amas de casa y forma parte del legado de la actual administración, colocó a las mexiquenses en el centro de las políticas públicas y es el único en México que impulsa los talentos y capacidades de las mujeres.
En este sentido, el trabajo doméstico equivale a la cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y representa el sector económico más grande del país, por ello, implementar esta iniciativa permitió reconocer el esfuerzo y las aportaciones que las mujeres realizan en beneficio de sus familias a través de transferencias monetarias.
Por otro lado, en seis años, se entregaron más de 25 millones de canastas alimentarias en beneficio de casi 810 mil mexiquenses en condición de vulnerabilidad, como personas adultas mayores, con discapacidad y pertenecientes a pueblos originarios.
Es así que las personas adultas mayores recibieron más de 278 mil servicios médicos, psicológicos y jurídicos por parte de las Brigadas Multidisciplinarias de la Secretaría de Desarrollo Social, así como 193 mil apoyos funcionales y en especie, como resultado de los programas Apoyo a Adultos Mayores y Comunidad Fuerte.
Asimismo, el Gobierno benefició a más de 98 mil personas indígenas con los programas Niñez Indígena y Desarrollo Integral Indígena, que promueven acciones especializadas de atención para consolidar y preservar la cultura de las comunidades originarias establecidas en el territorio estatal.
Todas las acciones emprendidas estuvieron alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para dar certeza y trabajar en favor de las personas que más requieren apoyo, siendo así un gobierno cercano, transparente y abierto.
En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Social impulsó, a través del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), la capacitación y profesionalización de más de 6 mil servidores públicos estatales y municipales en temas inherentes al desarrollo social y humano en coordinación con instituciones, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Además del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma (UAM-Lerma), la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL) y El Colegio Mexiquense, AC.