La Fundación Delos y el Enjambre Empresarial han alzado la voz para denunciar el despojo de la vivienda de María Guadalupe Chávez Ortiz, una mujer de 103 años, ubicada en Avenida del Conscripto 150, Lomas Hipódromo, Naucalpan, un caso que expone una presunta red de corrupción y actos delictivos que operan con impunidad en el Estado de México.
Según la denuncia, desde 2019, los imputados simularon dos contratos de compraventa utilizando documentos falsos, incluyendo una credencial de elector apócrifa a nombre de una persona ficticia, Rodolfo Morales Romero, y falsificando la firma de la afectada. Con estos actos, lograron vender fraudulentamente la propiedad a la empresa SARE Inmobiliaria, sin que los involucrados fueran propietarios legítimos.
El caso toma un giro aún más grave al señalarse que Jaime René «N», accionista de SARE Inmobiliaria y presidente de los colonos del fraccionamiento, estaría implicado en esta operación.
La Fundación Delos, liderada por Carlos Mata, y el Enjambre Empresarial destacan que el despojo se ejecutó con premeditación, alevosía y ventaja, aprovechándose de la vulnerabilidad de la señora Chávez, una adulta mayor que enfrenta dificultades para defender su patrimonio.
Un elemento clave en la denuncia es la presunta complicidad de funcionarios del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), quienes habrían inscrito la propiedad en el registro público a pesar de las irregularidades evidentes en la compraventa. Además, se reporta que pruebas fundamentales han sido sustraídas del expediente judicial, lo que obstaculiza el proceso para procesar a los responsables y devolver la vivienda a la afectada.
La familia de Guadalupe Chávez ha denunciado el impacto devastador de este litigio, que no solo ha prolongado la injusticia, sino que está afectando la salud de la centenaria, quien enfrenta complicaciones médicas derivadas del estrés. Este caso se suma a una preocupante ola de despojos en el Estado de México, que ha llevado a las organizaciones a exigir la creación de una fiscalía especializada en este delito y el endurecimiento de las penas.
Los denunciantes hicieron un llamado urgente a las autoridades para evitar que el Estado de México se consolide como la «capital del despojo» en el país, citando casos como el de Carlota Alfaro en Chalco, quien recurrió a la violencia para defender su hogar. Señalaron que municipios como Naucalpan, Ecatepec, Zumpango, Tecámac, Chalco, Valle de Chalco y Tlalnepantla son focos rojos donde grupos delictivos, disfrazados de asociaciones sociales, políticas, sindicales o de colonos, despojan a familias, especialmente a adultos mayores, de su patrimonio.
La Fundación Delos y el Enjambre Empresarial instaron a las autoridades a actuar con celeridad para garantizar justicia a las víctimas y frenar esta práctica que afecta a miles de familias, incluso en zonas de alta plusvalía, donde el modus operandi de documentos falsos y complicidad institucional se ha convertido en una constante.
Por un Estado de México sin despojo, las víctimas claman justicia.