La licenciada Alma Cecilia Díaz Santana, albacea de la herencia de Agustín Eduardo Bourillon y Heredia, denunció graves irregularidades cometidas por las juezas Indra Ivón Castillo Robledo y Alejandra Pérez, del Juzgado Séptimo Familiar de Naucalpan, por su presunta falta de probidad y abuso de autoridad en el manejo de dos expedientes relacionados con una herencia valuada en más de 14 millones de pesos.
En una conferencia de prensa, Díaz Santana relató que fue revocada de su cargo como albacea de manera arbitraria tras una audiencia el 13 de enero de 2025, en la que la jueza supernumeraria Castillo Robledo, candidata a magistrada por la planilla verde en el distrito judicial de Toluca, le negó el uso de la voz, a pesar de su derecho legítimo como albacea.
Además, acusó a la jueza de no videograbar la audiencia, permitir el acceso de personas ajenas al proceso y brindar un consejo ilegal a la contraparte, según consta en la queja DGC/DTLAL/45/INV/2025, presentada ante la Contraloría de Tlalnepantla en febrero de 2025.
La litigante señaló un presunto contubernio entre Castillo Robledo, quien lleva el expediente 1390/2021, y la jueza titular Alejandra Pérez, encargada del expediente 847/2022, quienes, según Díaz, “cocinan resoluciones plagadas de irregularidades” desde la misma oficina. A pesar de que la revocación de Díaz no ha quedado firme, ambas juezas le han impedido actuar en los expedientes, violando derechos procesales fundamentales y contraviniendo las normas del Poder Judicial del Estado de México.
Cabe señalar que la jueza asesoró a las demás partes del juicio para que me removieran del cargo de albacea, lo que es totalmente ilegal.
Díaz Santana también acusó a Castillo Robledo de negarse a requerir al exalbacea Agustín Eduardo Bourillon Cánovas, hijo del fallecido, la entrega de un vehículo Mercedes Benz valuado en casi 500 mil pesos y más de un millón de pesos en efectivo, bienes que forman parte de la herencia. Además, denunció que Bourillon Cánovas sigue cobrando rentas mensuales de dos inmuebles, aproximadamente 30 mil pesos, a pesar de haber sido removido como albacea en mayo de 2023. “Esto no ha ocurrido, y sospecho un entramado de corrupción que pisotea la última voluntad del señor Bourillon y Heredia, quien me designó para proteger su legado”, afirmó Díaz.
La herencia, destinada originalmente a una casa hogar en Atizapán de Zaragoza por decisión del fallecido, parece estar en riesgo debido a las acciones de Bourillon Cánovas, quien, según la litigante, maltrataba a su padre y no lo atendió durante su hospitalización, acudiendo solo tras su muerte para incinerar sus restos de manera sospechosa.
Díaz también señaló un conflicto de intereses, ya que Alejandro Hernández Muñoz, abogado de la casa hogar, representa al mismo tiempo a Bourillon Cánovas, lo que está bajo investigación por la Fiscalía del Estado de México.
La licenciada Díaz ha solicitado en tres ocasiones la intervención del magistrado Fernando Díaz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, sin obtener respuesta. Por ello, hizo un llamado urgente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y al magistrado Díaz para que investiguen las actuaciones de las “juezas bandidas” y restablezcan la legalidad en el caso.
Finalmente, Díaz Santana exhortó a reflexionar sobre el voto en las próximas elecciones judiciales, subrayando la necesidad de elegir jueces y magistrados con “vocación de servicio, integridad, honestidad, imparcialidad, objetividad e independencia”, cualidades que, según ella, no posee la jueza Castillo Robledo.
“No podemos permitir que la justicia se convierta en un negocio que beneficie a unos pocos a costa de la voluntad de los ciudadanos”, concluyó.