El llamado Caso Dashia dio un giro relevante luego de que el empresario Ramsés Rodríguez, padre biológico de Dashia Rocío “N”, hiciera pública una denuncia por extorsión y solicitara protección ante lo que calificó como un linchamiento mediático, impulsado (afirma) por narrativas parciales y sin sustento probatorio.
Rodríguez exigió su derecho de réplica frente a lo que considera acusaciones falsas e irresponsables difundidas en redes sociales, señalando directamente la actuación de la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora.
De acuerdo con el empresario, desde el 8 de septiembre de 2025 interpuso una denuncia penal por extorsión contra su hija, luego de que (según su versión) ella y su abuela le exigieran dinero, un automóvil y un departamento a cambio de no fabricar una denuncia falsa por abuso sexual.
Estas exigencias, asegura, quedaron documentadas en conversaciones de WhatsApp que obran en poder de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
La carpeta de investigación NUC: TLA/CGV/VIG/013/249424/25/09, abierta desde hace casi tres meses, no ha sido judicializada, situación que (afirma) permitió que el caso fuera aprovechado mediáticamente, desviando la atención de los hechos originales.
Rodríguez sostiene que la amenaza de una denuncia falsa lo dejó en estado de indefensión, mientras se construía un juicio público sin pruebas.
El empresario explicó que el 4 de julio recibió un resultado positivo de una prueba de ADN realizada de manera voluntaria, y un día después asumió igualmente de forma voluntaria la paternidad de Dashia Rocío “N”, sin existir orden judicial.
Posteriormente, realizó el trámite de reconocimiento ante el Registro Civil de Tlalnepantla y asumió compromisos económicos, educativos y personales por decisión propia.
Como parte de ese apoyo, ofreció a su hija vivir en su domicilio en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, para facilitar sus estudios universitarios en la Universidad del Valle de México, campus Lomas Verdes, brindándole manutención, transporte y educación privada. Sin embargo, relató que tras abandonar el domicilio el 2 de septiembre, comenzaron nuevas exigencias económicas acompañadas de advertencias de denuncias penales y mediáticas.
Ante estos hechos, presentó formalmente la denuncia por extorsión. El caso cobra mayor relevancia al considerar que, de acuerdo con datos del INEGI (ENSUS), la extorsión es uno de los delitos que más preocupa a la población mexicana.
En paralelo, la FGJEM informó en el comunicado 1287/2025 que Dashia Rocío “N” fue vinculada a proceso por su probable participación en un delito de extorsión, en un hecho distinto ocurrido en Tlalnepantla, donde presuntamente exigía pagos a nombre de una organización criminal.
Aunque inicialmente se dictó prisión preventiva, posteriormente la medida cautelar fue modificada, permitiéndole enfrentar el proceso en libertad.
Sobre esta decisión, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, señaló que su dependencia brindó acompañamiento institucional tras la difusión del caso en redes sociales.
No obstante, Ramsés Rodríguez cuestionó dicha intervención y la difusión pública del asunto sin otorgarle previamente derecho de réplica, señalando una posible vulneración a la presunción de inocencia.
El empresario subrayó que la denuncia por abuso sexual fue presentada hasta el 19 de diciembre, meses después de iniciada la carpeta por extorsión, hecho que (asegura) es verificable en actuaciones ministeriales.
Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a la FGJEM, a los medios de comunicación y a las autoridades para conducirse con legalidad, objetividad y apego al debido proceso. S
olicitó también la intervención de la CODHEM y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para garantizar un proceso justo, y pidió a su hija “decir la verdad” para que este acto de reconocimiento de paternidad no quede opacado por intereses ajenos a la justicia.