El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, calificó como un logro de la oposición la decisión de frenar los cambios al Artículo 35 de la Constitución en materia de revocación de mandato, lo que permitirá que esta figura se mantenga sin modificaciones hasta 2028.
Tras la votación del llamado Plan B de la Reforma Electoral, el legislador señaló que la reserva para suprimir los ajustes propuestos por el Ejecutivo federal evitó que la titular del gobierno pudiera participar en actos de campaña durante el proceso electoral de 2027, lo cual (afirmó) habría vulnerado los principios democráticos del país.
El senador por el Estado de México destacó que, aunque la iniciativa buscaba flexibilizar las reglas de la revocación de mandato, incluso aliados del oficialismo, como el Partido del Trabajo (PT), manifestaron reservas. Finalmente, durante la discusión legislativa, se impuso el criterio de preservar el equilibrio democrático, lo que derivó en el rechazo de dicha propuesta.
Vargas del Villar reconoció de manera particular la postura de los legisladores del PT, quienes —dijo— no cedieron ante presiones del Ejecutivo y del partido oficial, Movimiento Regeneración Nacional, y optaron por respaldar a la oposición para impedir la aprobación de los cambios constitucionales.
“El PAN votó en contra del Plan B de la Reforma Electoral, tal como lo comprometimos. Defendemos reglas claras y justas para la democracia mexicana”, expresó el legislador, al reiterar que la revocación de mandato no debe utilizarse con fines partidistas ni para beneficiar a una fuerza política en particular.
Asimismo, subrayó que la presidenta de la República fue electa por un periodo constitucional de seis años, por lo que modificar las condiciones de la revocación de mandato representaría, a su juicio, un riesgo de distorsión del proceso democrático.
Finalmente, el senador panista reiteró la disposición de su bancada para establecer mesas de trabajo con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, con el objetivo de discutir temas prioritarios como la sobrerrepresentación legislativa y construir acuerdos que respondan a los intereses de la ciudadanía.